Impulso a la
participación del ciudadano (Democracia en Línea) y Gobierno Abierto - Datos
Abiertos: Observamos relación entre estas tendencias y el objetivo número 1 de la
“sublínea” E-Gobierno en el cual se indica “promoción de la transparencia en la
administración pública y procesos democráticos, mejorando la eficiencia y
fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos”
Beneficios:
Impulsar la participación ciudadana permite habilitar un canal de comunicación directa con las personas para extraer de primera mano los requerimientos de las soluciones TIC a implementar, con el fin de obtener un producto adaptado y óptimamente alineado con las necesidades reales de los ciudadanos y empresas, logrando así el cumplimiento de uno de los objetivos principales del E-Gobierno el cual es el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano; además hacer partícipe al ciudadano crea sentido de pertenencia en las personas con respecto al proceso evolutivo del E-Gobierno y surge un circulo virtuoso en el que a mayor participación se brinda, mayores ideas y retroalimentación se obtiene y mayor avance se consigue en el proceso global. Por otro lado, los conceptos de Gobierno Abierto - Datos Abiertos y de Democracia en Línea aumentan aún más el nivel de participación ciudadana permitiéndole al ciudadano pasar de generar aportes a incluso generar control sobre las entidades gubernamentales, infundiendo transparencia en el E-Gobierno y a su vez aumentando su aceptación por parte del usuario final (ciudadanos y empresas).
Riesgos:
Con respecto a la participación ciudadana, podría
ocurrir que esta supere los niveles esperados causando un volumen de
información gigantesco que se salga de las capacidades de manejo de las
entidades gubernamentales (ejemplo: recibir comentarios de participación por
redes sociales puede implicar un volumen enorme de información a recibir, la
cual será muy compleja de ordenar, consolidar y dar respuestas y/o resultados
finales); además del colapso en el extremo receptor, el extremo emisor
(ciudadanos) podría experimentar sentimientos de decepción frente al proceso al
no recibir respuesta y/o resultados, o incluso podría crearse la percepción de
disminución de la transparencia al considerar que no se están teniendo en
cuenta las participaciones de la ciudadanía.
Por otro lado, implementar los ideales del Gobierno Abierto – Datos
Abiertos implica el riesgo de exponer datos del gobierno que pueden ser usados
con propósitos negativos; por lo tanto se crea el gran desafío de encontrar el
limite preciso entre Gobierno Abierto – Datos Abiertos y la necesidad de
confidencialidad de información del estado con el fin de evitar potenciales
ataques de diversos tipos.
Finalmente, la democracia en línea implica riesgos de seguridad de la información y de prevención de fraudes, por lo cual requerirá de fuertes políticas de seguridad cuidadosamente diseñadas.
Masificación
del uso de la firma digital: Encontramos relación de esta tendencia con los
objetivos número 1 y 2 de la “sublínea” E-Gobierno en los cuales se indica “Implementar
estrategias de E-Gobierno focalizadas en aplicaciones destinadas a la
innovación”, “Desarrollar iniciativas y servicios … adaptadas a las necesidades
de los ciudadanos y empresas”.
Beneficios:
La firma Digital es una poderosa herramienta que brinda agilidad en los procesos al ofrecer una alternativa a la firma física la cual implica la realización de trámites en forma presencial; lo anterior se traduce en un progreso directo en el ahorro de tiempo y dinero del ciudadano/empresa. Por otro lado, la firma digital abre la puerta a la virtualización de más procesos y tramites ciudadano <-> Gobierno, extendiendo las posibilidades de beneficios del E-Gobierno.
Riesgos:
La firma es una de las propiedades más delicadas del ciudadano ya que representa la aceptación de compromisos, acuerdos y obligaciones que tienen un alcance jurídico; por lo tanto la masificación del uso de la firma digital traerá consigo grandes riesgos de fraudes que se traducirán en enormes desafíos de seguridad para las entidades gubernamentales.
Política de
Cero Papel: Identificamos relación de esta tendencia con los objetivos número 1 y 2
de la “sublínea” E-Gobierno en los cuales se indica “Implementar estrategias de
E-Gobierno … mejorando la eficiencia”, “Desarrollar iniciativas y servicios
nacionales … para lograr un aprovechamiento más eficiente de los recursos y los
bienes públicos”.
Beneficios:
El verdadero impacto de ser cero papel se da en términos de reducción
de tiempos y esfuerzos gracias a la disposición de la información en entornos
electrónicos, que facilitan la búsqueda, consulta, creación y distribución. Un
proyecto cero papel tiene un impacto directo en aspectos como: la mejora en la
gestión del conocimiento, la mejora substancial de la seguridad de la
información, el incremento en la eficiencia de los procesos, la reducción de
costos, entre otras. Es, asimismo, un elemento vital para avanzar en temas como
teletrabajo o gestión de información desde dispositivos móviles.
Para las entidades y servidores públicos procesos y servicios más eficientes, aumento
de la productividad, uso optimo de los recursos, buenas prácticas en gestión documental,
disminución de los costos asociados a la administración de papel, mejora en el
acceso a la información dentro y entre las entidades, mayor control y seguridad
en el manejo de la información, eliminación de la duplicidad de documentos, disminución
de los tiempos de localización de los archivos, reducción de las necesidades de
espacio de almacenamiento, mejora en el entorno de trabajo y la comunicación en
las entidades.
Para los ciudadanos, empresas y otras entidades, acceso rápido y fácil
a la información y a los servicios de las entidades, mejora en la calidad y
rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta, disminución de los
tiempos de espera y atención, evitar traslados a los puntos de atención presencial,
permitiéndoles ahorrar tiempo en sus trámites, mejora en la información al
permitir seguimiento de los trámites realizados, mejora en la relación entre
organizaciones, empresas y ciudadanos.
Para el ambiente ahorro de papel, reducción de emisión de residuos, disminución
del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación de papel:
arboles, agua y energía, disminución de la contaminación producida por los
productos blanqueadores de papel, disminución del consumo de energía empleada
en imprimir, fotocopiar, etc, reducción de los residuos contaminantes como
toner, cartuchos de tinta, etc, contribución al desarrollo sostenible, el
consumo responsable de recursos que no comprometa el desarrollo social y
ambiental de las generaciones futuras.
Riesgos:
Los documentos convenientemente alojados en un Gestor de Contenido Empresarial
cuentan con niveles de seguridad mejores que los del papel (control de acceso
por niveles de usuario, huella de las actividades realizadas en torno a los
documentos, copias de seguridad, entre otros). Sin embargo, en los
entornos electrónicos existen riesgos asociados a desastres y a delitos
informáticos que exigen a las empresas fortalecer sus políticas y controles de
seguridad, para no exponerse innecesariamente. Las entidades deben implementar
las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo
la información que manejan en sus bases de datos.
Por interpretaciones erróneas de los servidores públicos, se pueden apoyar
en el Programa para obstaculizar el servicio y otros acuerdos de interés a
personas usuarias que no tienen acceso a los medios tecnológicos o las
poblaciones en condición de vulnerabilidad, las cuales tienen derecho a que se
les suministre la información por medios impresos en caso necesario para
facilitar el acceso, por ejemplo a la justicia.
Interoperabilidad
e interconexión total: Observamos relación entre esta tendencia y el
objetivo número 3 de la “sublínea” E-Gobierno en el cual se indica “Apoyo a
iniciativas de cooperación internacional en el campo del E-Gobierno, con el fin
de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en todos
los niveles de gobierno”.
Beneficios:
- La posibilidad de cooperar entre niveles de Gobierno y agencias de la
Administración sin distinción del nivel de desarrollo tecnológico; es decir,
combinando diferentes tipos de tecnologías en los back offices de los
organismos implicados.
- La simplificación de la actividad administrativa y de los procesos de
negocio/Gobierno, lo que tiene consecuencia una mayor eficiencia en el quehacer
de las Administraciones Públicas. Superar la limitación financiera a la que se
enfrentan muchas administraciones públicas
- La posibilidad de utilizar más fácilmente estándares abiertos y
aplicaciones tecnológicas, lo que puede llevar a una reducción del coste en
tecnología.
- La reutilización de datos y funcionalidades que puede redundar en una
disminución de los costes de desarrollo de sistemas de información.
- La mejora de la toma de decisiones como consecuencia de la obtención
de datos agregados y de información de mayor calidad.
-a promoción de la cooperación internacional en ámbitos en los que se
requieren nuevas herramientas.
- Disponer
de una visión integral e integrada en aquellas actuaciones dirigidas a
determinados segmentos de la población considerados como prioritarios por el
conjunto de las administraciones públicas
- La mayor sencillez en la realización de trámites por el ciudadano o
usuario de los servicios públicos (por ejemplo, ahorro de tiempo o de dinero).
- La mayor capacidad de promover la transparencia y la rendición de
cuentas ante los
stakeholders.
- La consecución de una visión integral e integrada de los servicios
públicos tanto por parte de las Administraciones Públicas como de los
beneficiarios y otros actores implicados, independientemente del número de
organismos o procesos que intervengan en su confección final.
- Dotar de soluciones compartidas
y reutilizables a las Administraciones Públicas iberoamericanas para que puedan
hacer frente a los nuevos retos que impone la Tecnología.
Riesgos:
Puede traer consigo problemáticas que es necesario
evitar, como solapamiento de jurisdicciones, diferentes regímenes legales, distintos
procesos de trabajo, incompatibilidad de infraestructuras tecnológicas
heredadas, conflictos de especificaciones en la información, falta de
definiciones de datos comunes o disyuntivas entre normas organizacionales. Por
ello, deben establecerse catálogos de servicios, esquemas o estándares de datos
adecuados que permitan guiar la puesta en práctica de los diferentes procesos y
servicios diseñados y que, a su vez, tengan en cuenta la realidad tecnológica
de las Administraciones implicadas, de modo que fomenten paulatinamente la
integración e interoperabilidad entre diferentes sistemas de información,
asegurando la escalabilidad.
No es menos importante la existencia de legislaciones
diversas sobre privacidad de los ciudadanos y protección de los datos personales.
El intercambio de datos e información entre Administraciones Públicas requiere
una consideración destacada de las implicaciones normativas relacionadas con la
privacidad y los datos personales de las personas, especialmente, en un momento
en que los servicios de Gobierno electrónico de mayor valor añadido se
fundamentan en el intercambio y agregación de información de la ciudadanía. En este
plano, los Estados iberoamericanos deben garantizar que los proyectos
transfronterizos respeten la validez de los intercambios de información y que
la protección de datos personales se mantenga tanto en el origen como en el
destino de dichos intercambios.
En el plano de la seguridad, los proyectos
transfronterizos de interoperabilidad requieren el alineamiento de necesidades
y requerimientos por parte de los diferentes actores intervinientes en los
intercambios, de cara a generar confianza y certidumbre en los diferentes hitos
que componen dichos procesos. En particular, la seguridad en la
interoperabilidad organizativa se convierte en un componente básico de la coordinación
y alineamiento de los procedimientos administrativos que intervienen en la
provisión de servicios de Gobierno electrónico, de manera que las
Administraciones Públicas involucradas deberán calibrar los riesgos existentes en
cada uno de ellos, de cara a definir las medidas necesarias de garantía y
confianza mutua.
Implementación
de la “Computación en la Nube” en el E-Gobierno: Observamos relación
entre esta tendencia y el objetivo número 1 de la “sublínea” E-Gobierno en el
cual se indica “Implementar estrategias de E-Gobierno focalizadas en
aplicaciones destinadas a la innovación … mejorando la eficiencia”
Beneficios:
Acceso instantáneo y en todo momento a los
datos, este donde este y a través tanto de dispositivos móviles (teléfonos
inteligentes, tabletas, etc.), como de computadoras de escritorio o portátiles.
La nube no fue creada para personas expertas en tecnología, sino para el
usuario final que quiere solucionar las cosas de manera rápida y simple. Por
ese motivo la mayoría de los servicios que hacen uso de esta tecnología
son fáciles de usar.
Apoya
e incrementa la eficiencia de la gobernanza, mediante tres contribuciones
básicas que permiten mejorar los procesos gubernamentales (E-Administración), conectar
a los ciudadanos y usuarios con los servicios gubernamentales (e-Procurement,
e-Servicios) y construir interacciones externas (e-Society, e-Democracy), con
lo cual se alcanzan grandes flujos de información y mayor coordinación entre
diferentes redes de actores que configuran el e-Gobierno: ciudadanos, empresas
y gobierno.
Los ciudadanos están conectados como nunca antes y
tienen el conjunto de habilidades y la pasión para resolver los problemas que
los afectan a nivel local como a nivel nacional; asimismo, la información del
Gobierno y los servicios pueden ser prestados a los ciudadanos donde y cuando
los necesitan. Los ciudadanos tienen el poder de la chispa de la innovación que
se traducirá en un mejor enfoque de la gobernanza. El gobierno es un convocante
y facilitador del primer motor de la acción cívica
Permite aprovechar información de forma sencilla por
parte de las organizaciones, con independencia de su tamaño, su ubicación
geográfica, o su disponibilidad de gran infraestructura. El papel que el
cómputo en la nube puede jugar para ayudar a las economías en desarrollo a
alcanzar niveles más altos de desarrollo tecnológico y económico.
Ofrece
posibilidades de superar los problemas de desarrollo de infraestructura,
accesibilidad, seguridad, confianza, privacidad, transparencia y costos, para lograr colaboración y distribución de
información al interior y exterior de las organizaciones gubernamentales brindando
servicios de calidad, disposición permanente de la información, además de hacer
a las administraciones públicas más eficientes.
Las eficiencias y los ahorros en costos posibilitados
por la computación en la nube ayudan directamente a reducir los gastos
operativos de las instituciones gubernamentales.
Los recursos de computación flexibles y altamente escalables
provistos mediante contextos de computación en la nube permiten una
implementación más rápida y sencilla del gobierno electrónico e iniciativas de
autogestión ciudadana para mejorar el flujo de la información. Las soluciones basadas
en la nube están disponibles para expandir los servicios y el acceso a los
datos con mayor seguridad a:
• Otras agencias y departamentos.
• Gobiernos estatales y locales.
• Organizaciones externas donde el gobierno tiene un
rol de supervisión, incluyendo atención médica y finanzas.
• El público en general.
Las infraestructuras en la nube también pueden
brindar a las agencias gubernamentales una gestión mejorada de la información,
con almacenamiento centralizado de datos y redes de alta velocidad; permitiendo
una mayor productividad, un mejor soporte a los servicios del gobierno en el
campo y una mejora al compartir datos y colaborar.
Riesgos:
En las infraestructuras de la nube, las organizaciones
gubernamentales renuncian al control directo de muchos aspectos de la
seguridad, depositando una enorme carga de confianza en el proveedor de la
nube. Así, el rol del proveedor es crítico en la respuesta ante incidentes, incluyendo
análisis de ataques, contención, conservación de datos, resolución y continuidad
del servicio. Para las organizaciones gubernamentales altamente reguladas es un
requisito implementar herramientas de administración de datos que den
visibilidad de toda la nube para garantizar el cumplimiento de las políticas
acordadas.
En la nube, la administración de identidad es clave
para mantener la seguridad, la visibilidad y el control centralizado de
identidades y acceso por parte de TI.
Los datos almacenados en la nube generalmente residen
en un ambiente multi-inquilino, compartiendo un espacio del servidor
virtualizado con datos de otros clientes del proveedor de la nube. Las
organizaciones gubernamentales que suben datos sensitivos y regulados a la nube deben asegurarse de que esos datos estén
controlados y seguros. Uno de los riesgos inherentes al ambiente
multi-inquilino y de los recursos de computación compartidos en
infraestructuras de nube es la falla potencial de los mecanismos de aislamiento
que sirven para separar la memoria, el almacenamiento y el enrutamiento entre
inquilinos. Los ambientes en la nube presentan una serie de desafíos a la
seguridad.
Las leyes, normas y reglamentaciones requieren un entrelazamiento
complejo de mandatos de seguridad y privacidad, haciendo del cumplimiento un
asunto potencialmente crítico para la computación en la nube. Para poder
cumplir con las estrictas leyes de privacidad de datos, las infraestructuras de
la nube deberían poder ser auditables con respecto a características como
encripción, controles de seguridad y geo-localización.
Los programas espía, la
falsificación de IP, los ataques con intermediarios (MITM), los ataques por vía
alternativa y los ataques en repetición deben considerarse posibles fuentes de
amenaza. Las actividades maliciosas pueden repercutir sobre: la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de todos los tipos de datos
y todos los tipos de servicios.
